Sin duda, la crisis mundial a causa de la pandemia por el coronavirus demanda una respuesta colectiva por el bien de todos. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado dos posibles vías a los gobiernos del mundo. En la primera, las personas y sus derechos son la base de las medidas efectivas y proporcionales para contener el virus; en la segunda, la proliferación de medidas represivas convierte a esta emergencia en una crisis de derechos humanos.

En este sentido, parece contundente el discurso del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuando insiste en su confianza en el pueblo mexicano, y en que no habrá represión ni uso de la fuerza por parte del gobierno. Adelanta que se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional y las demás Fuerzas Armadas como “seguro adicional” para que el Covid-19 y sus consecuencias no rebasen la capacidad del Estado como proveedor de servicios esenciales y condiciones de seguridad.

Además de la operación de hospitales y el reemplazo de elementos de seguridad pública enfermos, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional han reforzado los patrullajes y operaciones en zonas comerciales y municipios del país. Las mismas instituciones afirman que su presencia es necesaria para reducir el riesgo de saqueos y difundir información de salud a la población, “invitando” a las personas a abandonar el espacio público.

En imágenes difundidas por el gobierno y noticieros locales en varios estados de la república, aparecen elementos de la Guardia Nacional en caravanas armadas, compuestas de dos o más camionetas de esa misma corporación, de la policía estatal o local, y a veces la Secretaría de la Defensa Nacional. Al parecer, el desafío que representa el virus también se pretende enfrentar con el despliegue militar.

¿Qué utilidad tiene un fusil para controlar al virus?, ¿qué utilidad tienen el casco y el chaleco antibalas, o salir en caravanas con hasta seis elementos castrenses en cada camioneta? Probablemente el despliegue aumente potencialmente lo riesgos a la salud de los mismos elementos, quienes en caso de contagiarse podrían transmitir el virus en sus cuarteles, a sus familias y a la población que pretenden apercibir. Hasta el momento la Guardia Nacional no ha confirmado la cantidad de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 al interior o asignados a dicha corporación.

Con base en esta información sobre la presencia de fuerzas de seguridad, son de suma relevancia las palabras de secretario Guterres: “en todo lo que hagamos, no olvidemos nunca que la amenaza es el virus, no las personas.”

Mientras que la presencia de elementos militares en las calles se vuelve cada vez más cotidiana – y la Guardia Nacional en su configuración actual es una fuerza altamente militarizada – la participación de personal castrense en graves violaciones a derechos humanos en el pasado muestra que debe ser excepcional.

Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional son un recurso esencial a la disposición del Estado en tiempos de desastres y -siempre cuando sea necesario y para fines legítimos- en acciones de seguridad estrictamente delimitadas. La crisis actual requiere el uso juicioso de los recursos nacionales, y no es claro en qué evidencia se fundamentan las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad.

Finalmente, es importante destacar que el despliegue militar tampoco resulta en mejores condiciones de seguridad, tal como lo hemos visto durante los últimos 18 años. Marzo del 2020 fue el mes más violento del sexenio del presidente López Obrador, con 2 mil 600 homicidios, y el 20 de abril pasado fue el día más violento en lo que va del año.