Haga la prueba: use todos los recursos jurídicos a su alcance para saber cómo usan la fuerza las instituciones policiales y militares en México. Ya se lo podemos adelantar, haga lo que haga, no lo logrará, más allá de generalidades. Vaya paradoja. Es generalmente aceptado que el Estado moderno nació principalmente para ejercer el monopolio legítimo de la violencia y a la vez es prácticamente imposible encontrar siquiera esfuerzos serios y profundos a favor de la rendición de cuentas en torno al uso de la fuerza pública.  

Detrás de la paradoja existe una clara explicación: las políticas y las instituciones responsables de la seguridad están soportadas en un paradigma autoritario que las coloca lejos de la verdadera transparencia y la efectiva rendición de cuentas. La persona promedio no tiene medios para saber qué es lo que realmente sucede en el sector de la seguridad. Va un simple ejemplo: intente usted saber qué pasa con una queja interpuesta contra un representante de cualquier institución policial del país, o de las fuerzas armadas -hoy masivamente desplegadas en funciones policiales-, y fácilmente comprobará que, sin fundamento jurídico alguno, hay obstáculos insuperables para ejercer el derecho a saber y para tener garantías de que esa queja tiene consecuencias (rendición de cuentas). El caso contrario es estrictamente excepcional.  

Sobre el uso de la fuerza pública se habla poco y de manera superficial cuando sucede un evento visible que la coloca en la mirada pública. Pero tan luego pasa el suceso, generalmente asociado a las intervenciones policiales o militares ante multitudes, entonces el tema desaparece. Pase lo que pase, incluso en acontecimientos de extrema gravedad que implican muertes a manos de la policía y de las fuerzas armadas, y decesos de representantes de estas instituciones, no se levanta discusión pública alguna que realmente se pregunte qué sucede con el uso de la fuerza pública.  

Para abordar este complejísimo tema, se reunieron en un taller los programas de Seguridad Ciudadana, de Asuntos Migratorios, de Derechos Humanos y de Género e Inclusión, todos parte de la Dirección de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. El ejercicio fue por igual extremadamente aleccionador e inquietante. 

El especialista que condujo el ejercicio trazó de punta a punta durante más de 4 horas un tejido de elaboraciones críticas que nos dejaron con preguntas y desafíos acaso mucho mayores de lo que podemos asimilar. Enfocado el taller principalmente en la Guardia Nacional y sus recientes intervenciones ante la población migrante, se nos hizo ver que, desde la nueva plataforma legal (la ley de esa institución, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y muchas otras normas relacionadas), se han construido errores, vacíos y contradicciones que hacen todo menos clarificar el qué y el cómo de esa delicada atribución. Queriendo ofrecer la base normativa adecuada, se ha hecho todo lo contrario, según se nos expuso. 

Luego vinieron los ejemplos de casos reales, con señalamientos precisos de los errores operativos de la Guardia Nacional y los problemas en la dotación de equipo, provocando eso la multiplicación de riesgos tanto para la propia institución como para la población intervenida. 

Hubo pasajes casi catárticos en el taller. Si bien fue una mínima asomada a un tema que no tiene ángulo sencillo alguno, fue suficiente para evidenciar la total ausencia de pedagogía política y social pública alguna, que al menos intente darle una identidad al tema. Un balde de agua fría parecía caer sobre nosotras y nosotros al cierre del ejercicio, no tanto por haber corroborado lo poco que la sociedad sabe del tema, sino, mucho más, por haber mirado algo de la distancia que hay entre el discurso del Estado mexicano y las prácticas del uso de la fuerza. 

Formidable reto la profesionalización y el control democrático de la misma, cuando el sistema político ha hecho lo necesario para apartar esta atribución incluso del más básico escrutinio. Formidable aún más cuando la experiencia internacional enseña, más que nunca, que la fragilidad de las democracias y su involución pasa muchas veces por subvertir el uso de la fuerza en instrumento de control político asociado a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. 

El taller hace parte de una estrategia de incidencia que cuestiona el paradigma fallido de seguridad precisamente enfocado en el uso de la fuerza y propone reemplazarlo por otro de seguridad ciudadana, mismo que implica nada menos que el más alto estándar posible de participación social.  

En concreto, el ejercicio ayudará a seguir avanzando, desde este espacio universitario, en fortalecer las capacidades entre actores independientes de monitoreo, documentación, denuncia y propuesta.