“Prohibido Prohibir”; estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el tema de la restricción al ingreso de las organizaciones civiles a estaciones migratorias durante la mañanera del día de ayer. El mandatario dio a entender que sería absurdo que su gobierno negara la asistencia humanitaria a las personas que se encuentran en estos centros de detención. 

Sin embargo, el oficio emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) es muy claro al establecer que se suspenderá temporalmente el ingreso de asociaciones religiosas e integrantes de la sociedad civil a las estaciones migratorias hasta nuevo aviso. La medida es justificada a partir de la llegada de la caravana migrante a mediados del mes de enero; razón por la cual  el INM afirma que el flujo masivo derivado de la caravana ha generado una contingencia dentro de las estaciones, por lo que el acceso debe ser restringido para evitar obstaculizar las tareas de dicha dependencia.

Ante esta situación, organizaciones civiles y redes de defensoras y defensores de migrantes convocaron una rueda de prensa urgente en las instalaciones del Centro Miguel Agustín Pro, con el objetivo de responder a la política implementada por el INM. Tania Renau Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-México abrió la conferencia contextualizando la problemática, afirmando que la política migratoria actual está dirigida a complacer al presidente Donald Trump. Una de las acciones de la actual administración que demuestra este direccionamiento es el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, otorgándole facultades para los procesos de detención y verificación migratoria. 

Posteriormente, Alejandra Macías directora de Asylum Access México relató algunas de las violaciones a derechos humanos que ésta y otras organizaciones han presenciado dentro de las estaciones migratorias. Declaró que estos centros se encuentran sobrepoblados debido a que constantemente se rebasa el cupo mínimo de personas permitido, provocando graves condiciones de hacinamiento; que no existen condiciones dignas ni acceso a servicios de salud para las personas detenidas ni mecanismos de difusión de información  referente al estatus de los procedimientos migratorios de las personas detenidas, dejándoles en total desconocimiento de su situación jurídica. También se recalca que aún se pueden encontrar niños y niñas dentro de las estaciones, una práctica constantemente denunciada por organizaciones civiles. 

Asimismo, la directora de Asylum Access reportó que las deportaciones cada vez se hacen de manera más inmediata y masiva. Esto viola de forma directa las obligaciones del Estado mexicano con respecto a las personas refugiadas, ya que se está deportando gente sin revisar si cumplen con los criterios para ser reconocidas como refugiadas o refugiados privando a estas personas de su derecho a la no devolución. 

Finalmente, Rita Robles del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova enumera las exigencias que estas organizaciones le hacen al Estado mexicano a fin de proteger los derechos de las personas recluidas en estaciones migratorias. Estos son:

• Que se acepten y otorguen las facilidades necesarias para una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas a las fronteras sur y norte.
• Abstenerse de cualquier acción que criminalice a personas migrantes y las personas que los defienden.
• Reactivar la entrada de las organizaciones civiles a las estaciones migratorias.
• Eliminar obstáculos para la renovación de permisos de entrada de las organizaciones.
• Aceptar que las estaciones migratorias privan de la libertad a las personas migrantes, siendo esto una violación a las obligaciones establecidas en tratados internacionales y la propia ley mexicana.

Las palabras del presidente están totalmente alejadas de la realidad expuesta por estas defensoras. Para poder tener una política migratoria justa, eficiente y humana como la que la administración actual dice apoyar, es fundamental una correcta comunicación y coordinación entre dependencias gubernamentales para evitar episodios como éste. Pero sobre todo, es indispensable escuchar las voces de la sociedad civil e incluirlas en el diseño de la política. Solo así se podrá avanzar hacia el pleno respeto de los derechos de las personas en movilidad que ingresan a México todos los días.