El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana (OCSA) es una herramienta que documenta, analiza y mapea material hemerográfico, con el propósito de dar cuenta de los distintos conflictos derivados de proyectos extractivos a nivel nacional. En un periodo de cuatro años,[1] se registraron al menos 154[2] afectaciones sociales, ecológicas y/o de salud relacionadas específicamente con la hiperurbanización.

          En las últimas décadas, el capital inmobiliario ha buscado seguir multiplicando y extendiéndose bajo la premisa de minimizar costos y maximizar beneficios, lo que ha generado ciudades sin planeación y un aumento dramático en la explotación de los mantos acuíferos para cubrir las necesidades de quienes habitan los nuevos desarrollos de vivienda.

          Es así como los complejos habitacionales del grupo inmobiliario Be Grand han encontrado y fijado en la Ciudad de México un territorio ideal debido al inmenso potencial lucrativo para insertar (por lo general de forma violenta) y justificar sus desarrollos verticales, en especial en zonas catalogadas como patrimoniales.[3]

          Hace cinco años, este corporativo mexicano, dedicado principalmente a la construcción de residenciales familiares de lujo, enfrentó uno de los litigios más complejos por la construcción de uno de sus edificios en Copilco #75, a tan sólo 900 metros de la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

          El proyecto Be Grand Universidad es evidencia puntual de que el poder económico sobrepasa cualquier interés de la ciudadanía, o, como en este caso, incluso los intereses de una institución pública como la unam, así como de las vecinas y los vecinos de la colonia Copilco el Bajo. Viéndolo a “Grand” escala, cada torre simboliza las negociaciones y los acuerdos antiéticos entre la empresa y las instituciones gubernamentales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), que conceden los permisos que facilitan y, por tanto, posibilitan este proyecto.

          Queda claro que, comprando el silencio de actores convenientes, incluso de aquellos que estorban, se reduce la posibilidad de enfrentarse a consecuencias que puedan interferir con el desarrollo del proyecto, ya que, dentro de esta ecuación, el que calla, otorga.

          Siempre ignorando los costos socioambientales, que son exponencialmente negativos, Be Grand reiteraba —mediante comunicados semanales— que su proyecto cumplía con los permisos y las licencias para llevarse a cabo. Sin embargo, la unam, luego de un sinfín de apelaciones, presentó al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, una contrapropuesta que contenía las dimensiones máximas que podría tener esta nueva construcción, a fin de no opacar la estética visual de su patrimonio.

          Gracias a la insistencia y aportación de pruebas, tanto de la comunidad universitaria como de las y los habitantes de los barrios aledaños de la alcaldía Coyoacán, en marzo de 2018 se logró la suspensión indefinida de las tres torres Be Grand Universidad,[4] mediante un juicio de amparo promovido por la unam y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el argumento de que la obra violaba la declaratoria de la Unesco de 2007, sobre la condición de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

          El grupo, al que nombraremos UNAM-Copilco, es ejemplo de una organización comunitaria cuyo objetivo fue frenar, mediante acciones colectivas, la construcción inmobiliaria en una ciudad con una decreciente calidad de vida por los altos índices de contaminación, tránsito vehicular, escasez de agua y áreas verdes. No obstante, es un caso extraordinario, pues, el contar con la categoría de Patrimonio Mundial hizo que tuviera un importante impacto mediático y, por tanto, el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

          Por otro lado, el haber permitido la construcción de Be Grand Universidad demuestra cómo opera el poder del capital: la empresa y las autoridades que autorizaron el proyecto —desde un principio— dan prioridad a la arquitectura del mercado por encima del contexto, subestimando los impactos socioambientales.

          Con frecuencia, atestiguamos la repartición oportunista del suelo entre empresarios(as) y funcionarios(as), quienes pasan de largo los reglamentos de convivencia, detonando reacciones ante el extractivismo, la biomercantilización, la hiperurbanización, así como las megainfraestructuras y vías de comunicación,[5] que se ven reflejadas en la movilización colectiva para denunciar los atropellos que, lamentablemente, son cada vez más evidentes.

          Si se desea consultar mayor información al respecto, le invitamos a conocer el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana, a través del siguiente enlace: www.ocsa.ibero.mx

Elaborado por Diana Sandoval Perevochthikova, Asistente del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Dirección de Incidencia de la Ibero Ciudad de México.

Fuentes consultadas

Navarrete, Shelma. “Piden a Graue no ceder ante a megatorres”. Reforma, 26 de mayo de 2018.

PAOT Comunicación.“PAOT presenta caso Be Gran Copilco a Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX”, 1 de otubre de 2018. https://bit.ly/3w8S1q5 (comunicado número 15 de 24).

Redacción. “Un juez suspende proyecto Be Grand aledaño a Ciudad Universitaria”. “Obras”, revista Expansión, 2 de marzo de 2018. https://bit.ly/3iopvxc

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[1] Enero de 2017 a enero de 2021.

[2] Número de conflictos por hiperubanización registrados entre 2017 y 2021, cuya información se puede consultar en informe-conflictos-socioambientales.pdf (ibero.mx)

[3] Según el Art. 2 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el patrimonio son los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social, y que requieren ser salvaguardados.

[4] En 2019, se impugnó a Be Grand la sentencia de fondo y se exhortó al Tribunal Superior de Justicia Administrativa emitir una orden para demoler lo ya construido.

[5] Todas las anteriores se pueden buscar en el archivo digital del ocsa, en la sección “Tipo de despliegue del capital”.