Arisbeth Hernández Tapia

El informe ya mencionado, es de especial relevancia dada la temática, la metodología y la mirada crítica de los investigadores. Este documento es el resultado del proceso de acompañamiento y observación a las políticas de seguridad ciudadana en los municipios antioqueños de Briceño y Caucasia. El equipo de la FIP desarrollaba actividades de fortalecimiento a las autoridades locales de seguridad[1], cuando a finales del 2018, el gobierno federal ordenó la intervención de fuerzas castrenses en apoyo a las tareas de seguridad[2] en ambos municipios. En Briceño a partir del accionar de la disidencia surgida en enero de 2018 por un integrante del frente 36 de las FARC que se desmovilizó en 2016; y en Caucasia debido al constante y desproporcionado crecimiento de los homicidios que impactaron las tasas, no solo en el municipio, sino en la región del Bajo Cauca durante 2018 y que continúan de esta forma en 2019 (FIP, 2019).

En lo referente a la metodología, es importante señalar que el equipo de investigación generó evidencia cualitativa y cuantitativa local que no estaba disponible. En Colombia, como en muchos otros países, la narrativa totalizadora por parte del gobierno, medios de comunicación, academia y sociedad en general, simplifica el diagnóstico sobre la violencia e invisibiliza las dinámicas locales, tanto de incidencia delictiva, como de percepción de la inseguridad. A la luz de este argumento, merece la pena cuestionar en nuestros contextos las siguientes preguntas, ¿cómo se definen los problemas de manera oficial?, ¿la evidencia se construye en función de tal narrativa?, ¿la demanda de populismo punitivo es la mayoritaria?

En lo que concierne a los hallazgos en Briceño y Caucasia, los investigadores identificaron las brechas que dificultan las políticas y estrategias de seguridad ciudadana en estos municipios:

1. no existe el liderazgo político civil a nivel local debido a sus limitadas capacidades para interactuar con las fuerzas de seguridad y tomar decisiones, esto aunado a las disputas por el liderazgo de la seguridad y la preferencia por los modelos autoritarios de uso de la fuerza;
2. la información que orienta las opiniones en materia de seguridad proviene de los sistemas oficiales a nivel federal y no se vincula con la información municipal -en caso de que la haya- por lo que ésta resulta limitada en la descripción de las problemáticas; 
3. no se sigue un ciclo de planeación de la política de seguridad debido a que la estrategia se centra en la gestión de la coyuntura;
4. las alianzas de cooperación[3] públicas (de los tres niveles de gobierno) y privadas se ven mermadas por la desconfianza, convirtiéndose en esfuerzos fragmentados, además de que muchas veces están desvinculadas de las problemáticas locales;
5. los organismos y mecanismos de control se anulan ante el papel preponderante de la fuerza pública;
6. se utiliza el miedo como instrumento para el gobierno de la seguridad, el cual resulta en la pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y una oportunidad para el incremento de la actuación los grupos criminales (FIP, 2019:17).

Las brechas señaladas dan sentido a la incapacidad de respuesta de las autoridades civiles a nivel local y también explican la inercial preferencia por un una perspectiva militarista ante los contextos complejos a los que reaccionan. En los casos presentados por la FIP, las alcaldías eligen que transferir la responsabilidad es la opción más viable, dado que no está en sus capacidades actuar al respecto, es decir, el Estado se niega la posibilidad de construirse a si mismo en el nivel territorial más básico.

Además de los resultados anteriores, este reporte enseña una medición de la percepción de los habitantes con respecto al efecto de las intervenciones militares de 2018 sobre los índices delictivos y el abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. A través de un modelo econométrico se concluyó que, en ambos municipios, las intervenciones militares no mejoran la percepción institucional, sino por lo contrario, producen efectos negativos sobre la legitimidad. Incluso en Briceño, el 11% de los encuestados consideró que dichas intervenciones han contribuido al incremento de los abusos de la autoridad por parte del ejército o la policía (FIP, 2019:34).

En este sentido, queda manifiesto que las intervenciones militares cuando son en sí mismas la estrategia y no parte de un plan de seguridad en las que puedan ser un instrumento que se utilice en momentos específicos y con el acompañamiento de órganos de control y monitoreo, tiene efectos contraproducentes para las comunidades y para los gobiernos, incluyendo las fuerzas de seguridad.

Sin duda el reporte anima múltiples reflexiones desde México en un momento en el que la creación de la Guardia Nacional ha derivado en el despliegue de militares a todo el país con facultades de actuación en la seguridad pública, al menos hasta marzo del 2024. De cara al agotamiento de las políticas, las prácticas y las narrativas de seguridad, y desde nuestro lugar situado, los compañeros de FIP nos convocan a imaginar nuevas formas de incidir a favor de la seguridad ciudadana, a través  de la construcción de nuevos referentes metodológicos y empíricos que nos enseñen a nombrar las problemáticas de una manera diferente frente a la narrativa dominante.

Fuentes:

Fundación Ideas para la Paz y USAID/Colombia,(2019). Civilizar la seguridad ciudadana. Recomendaciones de política pública. Recuperado de: http://ideaspaz.org/media/website/FIP_CivilizarSeguridad_web.pdf

[1] Aunque el acompañamiento técnico se centró en el apoyo a las autoridades locales, también se realizaron actividades para fortalecer las capacidades de mediación en las comunidades organizadas y la construcción de información cuantitativa se retroalimentó con la discusión en grupos focales.

[2] Tal como lo ocurrido en México desde el Operativo Conjunto Michoacán en diciembre del 2006.

[3] Es notable la crítica que se hace a los esquemas usuales de cooperación promovidos por organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo desde los años noventa, si bien se señala que se tiene que mirar a lo local, se cae en los vicios de la implementación de recomendaciones generalizadas.